El Gobierno prorrogó la suspensión de las ejecuciones fiscales contra clínicas y otros prestadores de salud

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El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la medida que mantiene suspendidos el inicio de juicios de ejecución y la traba de medidas cautelares ante el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de clínicas, sanatorios, hospitales privados y centros de diagnóstico médico. Para un grupo de prestadores de servicios de salud, es una respuesta provisoria (una vez más) a una cuestión clave y ya de larga data para su actividad.

La decisión quedó formalizada con dos resoluciones, una del Ministerio de Economía -lleva el número 1158- y otra de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la 5885. Ambas fueron firmadas ayer, una por el ministro Luis Caputo y la otra por el titular del organismo de recaudación, Andrés Vázquez, y se publicaron hoy en el Boletín Oficial.

Así, la medida llegó en el último día de vigencia de la prórroga que había sido dispuesta en diciembre pasado. La disposición por la cual el fisco no actúa en reclamo de impuestos y obligaciones con el sistema jubilatorio impagas por parte de las entidades prestadoras de salud, surgió muchos años atrás, como un paraguas protector para la actividad. Comenzó como algo de naturaleza transitoria, pero se fue extendiendo en el tiempo.

Si bien no hay datos de las deudas acumuladas, en el sector estimaron tiempo atrás que son unas 5000 las entidades con obligaciones impagas, algunas desde hace varios años. La resolución de Economía que establece que las ejecuciones seguirán suspendidas hasta fin de año argumenta que las circunstancias que en su momento llevaron a establecer esa medida “permanecen vigentes”. Lo cierto es que, hasta el momento, las salidas a la situación fueron solamente provisorias, y no se conocieron proyectos oficiales para ofrecer una solución de fondo.

La situación tiene su punto de partida en la declaración de la emergencia sanitaria que siguió a la crisis de 2001. Desde entonces, las clínicas y otras empresas prestadoras de salud pueden no pagar obligaciones con el fisco nacional, sin por ello quedar expuestas a juicios y embargos. Con sucesivas prórrogas, esa emergencia declarada formalmente continuó hasta diciembre de 2023.

Después de esa fecha, varias resoluciones del Gobierno establecieron la suspensión del inicio de juicios de ejecución y de la traba de medidas cautelares contra las entidades. La medida también tiene alcance para instituciones sin fines de lucro en general, sin el requisito de que sean del sector de la salud.

Propuesta del sector

Desde la asociación de prestadores Adecra+Cedim, se presentó tiempo atrás -antes de emtirse la resolución que vence hoy y que fue prorrogada- una propuesta de consolidación de deudas que involucran al sector y al Estado. Las entidades buscan que se contemplen, por un lado, las obligaciones impagas y, por el otro, los saldos que las entidades afirman tener a su favor (acreencias con el fisco), al no poder descargar el IVA pagado en sus compras, dado que las entidades a las que proveen, obras sociales y prepagas, están exentas o pagan una alícuota reducida del impuesto.

La propuesta incluye que, más allá de esa consolidación de montos históricos, se disponga que, de forma permanente, sea posible saldar obligaciones de la seguridad social con los créditos derivados del IVA.

Plan de facilidades

Desde la agencia ARCA, en tanto, se estableció este año un plan de facilidades de pago de deuda específico para la actividad. Prevé un plazo de hasta 60 cuotas y una tasa de financiamiento de 1,375% mensual, aunque no reduce los intereses ni las sanciones por la mora, ni incluye la totalidad de las obligaciones impagas. Es un plan al que se puede adherir hasta el 30 de septiembre próximo.

Fuentes del sector, sin embargo, advierten que ese tipo de medidas no trae una solución de fondo, a la vez que insisten en que la respuesta a la situación debería tener en cuenta el tratamiento de los “saldos técnicos del IVA”.

Las deudas con el fisco son un problema para una parte de los actores de la actividad prestadora, y es uno de los varios factores que desde hace años los referentes califican como críticos. Otros son la litigiosidad y el retraso en el valor de los aranceles por sus servicios pagados por los financiadores (obras sociales, PAMI y prepagas). En las últimas décadas, todo eso repercutió en la atención a los pacientes, con cuestiones como demoras en los turnos, salidas de profesionales de las cartillas, cobro o intentos de cobro de copagos o bonos no previstos en los contratos, e interrupciones de servicios a causa de reclamos sindicales por mejoras en los sueldos.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/el-gobierno-prorrogo-la-suspension-de-las-ejecuciones-fiscales-contra-clinicas-y-otros-prestadores-nid31072026/