Enjuician al exintendente salteño que se aprovechó de familias de comunidades originarias para robar rieles del Belgrano Cargas y venderlos de contrabando en Bolivia

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Un tribunal oral federal de Salta comenzó a juzgar al exintendente del municipio de Coronel Juan Solá Atta Miguel Gerala, acusado del robo de rieles de la línea Belgrano Cargas para venderlos en Bolivia.

Según fuentes de la investigación el robo de los rieles se habría concretado entre 2023 y 2024, en el ramal C-25, en el tramo entre Estación Morillo y Embarcación. Para los acusadores, el exintendente se habría aprovechado de la vulnerabilidad de los pobladores de comunidades originarias para cargar en camiones los rieles robados y sacarlos de los parajes en medio del Chaco salteño.

El primer testigo manifestó que en Bolivia la tonelada de hierro se pagaba $200.000 en 2023. El testigo agregó que cada camión cargaba 31 toneladas de rieles y que por día se realizaban entre tres y cuatro viajes. La estimación inicial del monto robado indicaría que diariamente, el grupo delictivo se apoderaba de $ 24.800.000 en rieles por día que eran llevados de contrabando a Bolivia, donde era fundidos.

El tribunal a cargo de juzgar a Gerala está formado por los jueces Gabriela Catalano, Domingo Batule y Diego Matteucci. El fiscal general Eduardo Villalba, que investigó el caso desde que se radicó la denuncia, represenará al Ministerio Público en el debate.

Al presentar los lineamientos de la defensa, al abogado que representa al exjefe comunal manifestó que no había pruebas contra Gerala. En tanto que el fiscal federal Villalba describió el delito por el cual fue imputado el exintendente y dio detalles de algunas de las pruebas que demostraban esa participación en el hecho.

La investigación comenzó a mediados de 2024 cuando efectivos de la Gendarmería allanaron un depósito en Orán. Dicho operativo apuntaba a desbaratar una red de contrabandistas que pasaban neumáticos desde Bolivia de forma ilegal para venderlos en territorio argentino, en una época en la que no había ruedas en nuestro país por las restricciones a las importaciones fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), entonces a cargo de Alberto Fernández.

Al revisar dicho depósito, los investigadores de la Gendarmería encontraron, además de neumáticos, rieles apilados. A partir de este hallazgo la fiscalía federal inició una nueva investigación para tratar de establecer el origen de esos componentes de tendido ferroviario.

Debido a que los rieles son patrimonio federal y dado que, además, estaba vigente la prohibición de exportación de material ferroso, dispuesta por el decreto 70/23 del PEN, la fiscalía profundizó las pesquisas con el objetivo de identificar a los proveedores del material robado.

En julio de 2024, la fiscalía recibió una denuncia que indicaba que el hijo del intendente Gerala estaba vinculado con el robo de los rieles y era proveedor del mencionado contrabandista.

Al profundizar la investigación, el fiscal federal Villalba confirmó el saqueo sistemático de esas vías y que uno de los autores era el hijo del intendente Gerala.

Uno de los elementos más relevantes de la investigación surgió del peritaje del teléfono de Gerala hijo, en el que se hallaron mensajes y registros audiovisuales que, según la fiscalía, confirman la coordinación directa entre padre e hijo para la ejecución del robo. Además, se encontraron imágenes de los traslados y del uso de la camioneta oficial del municipio para movilizar personas y materiales en estas maniobras.

Otro de los elementos que determinó la presunta responsabilidad de los acusados y la organización que habían montado fue hallado en un operativo realizado el 19 de mayo de 2024, en el que quedaron fueron secuestrados dos camiones con 180 rieles sin documentación respaldatoria de origen. Los conductores argumentaron en primera instancia que transportaban chatarra, pero luego reconocieron que habían sido contratados por el intendente Gerala para trasladar la carga desde el paraje Pluma de Pato hasta Pichanal.

En otra de las intervenciones telefónicas incluidas en la causa, el hijo del exintendente dialogaba con un oficial de la comisaría de Morillo, quien reclama un pago por permitir el paso de los camiones. La conversación incluyó la mención de un acuerdo con el comisario −avalado por “mi viejo”, dijo− y la promesa de pagos por cada transporte realizado.

Cuando el escándalo quedó al descubierto, en noviembre de 2024, Gerala fue destituido como intendente y procesado por el robo y contrabando de rieles; cumplió la prisión preventiva en su casa, debido a una morigeración que le concedieron.

Los testimonios de los pobladores de las comunidades originarias de la zona también apuntaron a la participación activa del entorno del exintendente. Declararon que habían sido contratados para las tareas de extracción y carga, y que el hijo del exjefe comunal dirigía las cuadrillas, a menudo bajo amenazas.

La auxiliar fiscal Roxana Gual detalló que la extracción de los rieles se concentró en los parajes de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, y que el material era llevado a un galpón en Orán, operado por un contrabandista. Parte del botín ya estaba acopiado en la ribera del río Bermejo, desde donde se organizaban los envíos hacia Bolivia.

En diciembre pasado el hijo de Gerala fue condenado a seis años de prisión por el mismo delito. En un juicio abreviado, la jueza de Revisión, Mariana Catalano, homologó el acuerdo en el que el imputado se hizo cargo de los hechos por los que fue acusado.

El hijo del jefe comunal fue considerado “coautor de contrabando de mercadería, agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con los delitos de cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda”. La expectativa es que su padre corra exactamente la misma suerte.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/enjuician-al-exintendente-salteno-que-se-aprovecho-de-familias-de-comunidades-originarias-para-robar-nid05032026/