Flybondi ya no solo dejó de volar: dejó de pagar. De hecho, ante la mirada de sorpresa de todos los actores del sector, la aerolínea solo se mantiene viva por la inmejorable relación que tiene con el Gobierno. Cualquier otra empresa aérea que cometa semejante cantidad de irregularidades estaría en tierra por decisión del regulador. Claro que en este caso, el regulador es amigo.
En los últimos días, la empresa del exagente de inteligencia y empresario, Leonardo Scatturice, ya acumula sueldos adeudados de junio, julio y el medio aguinaldo para el personal que todavía sigue en relación de dependencia. Además, más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos sin causa y los acuerdos de retiro voluntario que la propia compañía firmó y homologó.
La low cost que hace una década era presentada como el ícono de la “revolución de los aviones” hoy es la crónica de un naufragio administrado. El jueves 6 de agosto, la falta de pago de aportes patronales dejó a empleados activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga ni obra social, interrumpiendo tratamientos y controles médicos.
El mismo día, la compañía entró en su quinta jornada consecutiva sin operar con normalidad: entre el 6 y el 10 de agosto canceló 66 vuelos pese a que presentó un plan de arribos y partidas el viernes 7. Eso sí, mantiene la venta de pasajes sin inmutarse y sin que la autoridad de control le recrimine nada. Beneficios de una hija dilecta de la administración libertaria.
Esta conducta de default casi total es prácticamente una certeza de que la compañía tomaría la decisión de presentar un concurso preventivo en pocos días. El remedio judicial es una manera de congelar la deuda a la fecha de inicio para abrir un proceso de renegociación y quita. Y desde ese mojón, pues regularizar la situación. De hecho, en la Justicia Comercial ya se acumulan varios pedidos de quiebra que por ahora no avanzaron, pero que podrían terminar por declarar fallida a la compañía.
Los empleados, sin cobrarDesde hace un tiempo, la empresa avanzó con un plan para sacar empleados de la nómina. Sucede que tenía una estructura para 15 aviones y, por estas horas, tiene 5 en el país, de los cuales solo dos están en condiciones de volar.
La mayoría de los acuerdos de indemnización fueron firmados por Verónica Funes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y de OCP Tech, otra empresa de Scatturice que en noviembre de 2024 obtuvo un contrato por US$78.650.000 para la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional.
Los acuerdos privados con los empleados se firmaron ante una escribanía y otros se homologaron en instancia administrativa. Sin embargo, no se cumplen. A la deuda con los trabajadores se suman serios problemas con todos sus proveedores. Por caso, la petrolera YPF dejó de venderle mediante una cuenta corriente y solo carga cuando pagan por adelantado, y los dueños de los aviones ya le han prohibido volar sus aeronaves hasta que no cancelen su deuda.
Este panorama de parálisis tiene como telón de fondo los miles de pasajes que se vendieron, y aún se venden, que no se volaron, pero que están cobrados. De hecho, es una de las principales deudas de la línea aérea. El boleto aéreo es un contrato de transporte en el cual Flybondi se compromete a transportar una persona de un destino a otro, un día y a una hora determinada. Pero, si hay concurso, cada damnificado por ese contrato incumplido debería verificar su crédito en un proceso judicial.
El punto es que ese movimiento jurisdiccional se torna antieconómico, ya que hay que pagar honorarios de un abogado, seguir un proceso largo, aceptar el plan de pago o la quita que apruebe la mayoría en una junta de acreedores y, además, ir a la cola de otros que tienen más privilegios en sus créditos.
El colapso operativoEn julio, de 427 vuelos programados, Flybondi apenas completó el 5,4%: 23 vuelos, la mayoría con demora. Durante junio, sobre 2626 vuelos programados, solo se concretaron 803, con 1823 cancelados —un cumplimiento del 30,6%—. La compañía llegó a quedarse directamente sin combustible: YPF, único proveedor que le quedaba, le exigió pago previo para despachar Jet A-1 ante los incumplimientos, y el 24 y 25 de junio, sin plata en caja, no hubo combustible ni vuelos.
Todo esto ocurre mientras la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantiene un sugestivo silencio. De hecho, permite que la compañía mantenga abierta la ventanilla de venta de pasajes —cobra alrededor de 30% de tasas y retenciones que debería depositar como agente de retención— pese a que la historia reciente muestra que gran parte de esa programación no se va a cumplir.
Mientras en la Argentina no hay ninguna penalidad por la irregularidad, la autoridad aeronáutica brasileña restringió la venta de pasajes de Flybondi hacia tres destinos (Florianópolis, Maceió y Salvador) después de detectar que, entre el 1° y el 27 de julio, la empresa había cancelado el 79% de los vuelos programados hacia ese país.
Fue en ese momento, y no antes, cuando el Gobierno le exigió a la aerolínea un plan de acción por escrito con su programación de vuelos y disponibilidad de flota, bajo amenaza de inmovilizar aeronaves si detecta incumplimientos de seguridad operacional.
Flybondi arrastra, además de deudas con la propia ANAC, con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con Aeropuertos Argentina 2000 y con Intercargo, entre otros proveedores del sector.
Con la operación prácticamente detenida, la deuda laboral, comercial y fiscal en aumento, y sin que aparezca otra inyección de capital que se sume a la que se dio cuando Scatturice se hizo cargo de la empresa, en el sector ya se da por tomada la decisión de avanzar hacia un concurso preventivo de acreedores, que podría formalizarse en los próximos días.
También circulan versiones sobre un eventual cambio de marca si el holding decide reflotar la operación bajo otro nombre. Se habla de OCA Air, dado que el empresario también se quedó con la compañía logística que se viste de violeta.
Scatturice parece ser un intocable para los reguladores argentinos. Más allá de las relaciones con el asesor Santiago Caputo, en las últimas semanas tomó cuerpo otra razón que lo haría aún más inmune a los alcances de la autoridad aérea.
En algunos pasillos del Gobierno dicen que el hombre habría sido clave para mover todas sus influencias —son muchas en la administración republicana— como para lograr un fallo favorable en el caso YPF. Finalmente, la sentencia de Cámara salió a favor del Estado argentino. Pocos saben si es esta la razón o no, pero que es intocable, nadie lo duda.
