La administración de Donald Trump detuvo a más de 50 padres y cónyuges de integrantes de las Fuerzas Armadas en servicio activo desde el comienzo de su segundo mandato, según una investigación. Ante las consultas del medio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que el servicio militar de un familiar no concede automáticamente estatus legal ni excluye a una persona de la aplicación de las leyes migratorias.
El DHS advierte que ser militar no protege automáticamente a familiaresDurante décadas, el gobierno mantenía una postura flexible con los allegados a los miembros del servicio militar, como parte de un consenso bipartidista cuyo objetivo era garantizar que las tropas pudieran concentrarse en sus misiones sin distracciones personales graves. No obstante, durante la administración Trump esto cambió.
Ahora, el gobierno federal detiene y expulsa del país a estas personas cuando no cuentan con documentación regular al día.
Según Associated Press, permanecen detenidas rutinariamente durante meses mientras intentan regularizar su situación legal a través de las políticas disponibles.
“El DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) valoran las contribuciones de todos aquellos que han servido en las fuerzas armadas estadounidenses”, declaró el DHS en un comunicado. Luego, remarcó los términos legales que afectan a los familiares de militares.
“El servicio militar estadounidense por sí solo no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos”, concluyó la agencia.
Detenciones de familiares de militares en númerosSi bien el DHS no recopila datos sobre estos casos, Associated Press analizó miles de expedientes judiciales federales reunidos por Habeas Dockets y revisó la cobertura mediática existente para obtener cifras concretas.
De su investigación se desprende que más de 50 padres y cónyuges de militares en servicio activo fueron detenidos desde que Trump asumió la presidencia, aunque el medio advierte que el número podría ser mayor.
Del total, seis fueron deportados, uno se deportó voluntariamente y al menos ocho familiares directos permanecen bajo custodia.
Además, entre enero de 2025 y enero de 2026, las autoridades detuvieron a 125 veteranos militares e iniciaron procesos de expulsión para 34 de ellos.
Por su parte, el DHS señaló que por lo menos siete personas habían sido deportadas de Estados Unidos con anterioridad, otras ocho tenían órdenes de deportación y dos eran objeto de condenas por conducir bajo los efectos del alcohol o por delitos relacionados con las drogas.
Otro cambio de las políticas federales consiste en que en abril de 2025 se implementó una nueva norma que estipula que el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias.
Anteriormente, el ICE solía cancelar órdenes de deportación previas para permitir que los padres y cónyuges de los militares ajustaran su estatus legal.
El impacto de la política del DHS sobre familiares de militares en EE.UU.La detención de cónyuges y padres de militares ha tenido un impacto directo y negativo en la preparación y eficacia de las tropas, según advirtieron diversos expertos y testimonios de los propios afectados.
Un ejemplo es el caso de la sargento técnica de la Fuerza Aérea, Wendy Gbeve, de 30 años, quien reconoció que no puede dormir bien desde que su padre, Luis Alberto Ramírez Zavala, fue detenido por funcionarios de inmigración el mes pasado. Dos semanas después de su arresto, fue deportado a México. “Es la sensación más frustrante e impotente”, declaró Gbeve.
Otro caso es el del sargento del ejército Alexis Jaramillo. El especialista en operaciones de aviación con más de una década de servicio indicó que, bajo circunstancias normales, participaría en el entrenamiento de soldados en Fort Polk, Louisiana.
No obstante, actualmente está de baja para cuidar a su hijastro de 5 años, Noah, luego de que su esposa brasileña, Maisa Lopes Eliaser, fuera detenida a principios de julio.
Frente a este panorama, los expertos advierten que la postura actual del gobierno federal sobre los familiares de miembros activos del Ejército podría socavar la preparación militar de Estados Unidos.
